Ya ocurrió. Lo que durante años se anunció como la gran reforma del siglo XXI —la democratización del Poder Judicial— terminó siendo una mezcla amarga entre simulacro participativo y ensayo populista de control institucional. El veredicto está dado: los nuevos integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron electos. O, mejor dicho, seleccionados con el disfraz del voto, bendecidos con la legitimidad electoral más flaca de la historia reciente: apenas un 13% del padrón nacional.
Y sí, la gente votó. O mejor dicho, algunas personas votaron. No lo hicieron con claridad, ni con información, ni con verdadero poder de decisión. Lo hicieron con la boleta en una mano y el acordeón en la otra, ese pequeño documento “informativo” distribuido con la precisión quirúrgica del clientelismo, donde se les decía qué casilla marcar para no errar… o para no pecar. Porque aquí, ya no se trata de elegir jueces, sino de obedecer la voz superior. Se vota con fe, no con conciencia.
El resultado es tan absurdo como previsible: el nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, es un perfecto desconocido para el gremio, pero no para la maquinaria. Un abogado originario de Oaxaca, símbolo del discurso de representación popular, que no tardó ni 48 horas en declararse “leal al proyecto de transformación nacional”. Ni independencia, ni distancia crítica, ni equilibrio entre poderes: lo que se eligió fue un perfil alineado, moldeable, dócil, absolutamente compatible con un régimen que no tolera instituciones autónomas porque prefiere el eco al diálogo.
Lenia Batres y Yasmín Esquivel —quienes completan la tríada dorada de esta nueva justicia electoralizada— son apenas la guinda sobre el pastel ya horneado desde Palacio. Ambas con trayectoria más política que jurídica, con historial de subordinación legislativa y una preocupante falta de independencia discursiva. La nueva Corte no es Corte, es extensión. Ya no se trata de impartir justicia, sino de confirmar la línea.
¿Y la vieja Corte? ¿Y los actuales ministros? Bien, gracias. Observando con la misma discreción con la que siempre han gestionado las crisis. La elección pasó como si fuera un fenómeno meteorológico: se registró, se midió, se archivó. Nadie se atrevió a advertir sobre la disolución simbólica del último poder que se decía contrapeso. Nadie alzó la voz con verdadera fuerza. Nadie confrontó la narrativa oficial. Quizás porque algunos ya están calculando cómo quedar bien con los nuevos inquilinos del mármol. O porque en este país, lo último que se pierde no es la esperanza, sino el cargo.
Esta elección no fue un ejercicio democrático, fue un acto de escenografía democrática. La legitimidad no nace del voto por sí mismo, sino de las condiciones en que ese voto se ejerce. Y aquí no hubo debate, ni conocimiento técnico, ni garantías de libre elección. Hubo propaganda, hubo acarreo simbólico, hubo listas repartidas en las plazas públicas. Hubo miedo. Y el miedo, conviene decirlo, no es un buen consejero jurídico.
Lo más inquietante no es lo que pasó, sino lo que viene. La Corte, tradicionalmente vista como el último bastión frente al exceso del Ejecutivo o al vacío del Legislativo, ahora será un órgano de ratificación. Un apéndice institucional. Un instrumento legitimador, disfrazado de deliberación judicial. Lo que antes era un tribunal constitucional, se está convirtiendo en una oficina de trámites ideológicos. Los grandes temas que tocarán su puerta —militarización, desaparición de organismos autónomos, control de medios, propiedad colectiva— ya no serán resueltos con argumentos, sino con alineación política.
Y es ahí donde la toga, ese símbolo de autoridad imparcial, se convierte en vestuario teatral. Ya no representa al derecho, sino a la narrativa. Ya no significa distancia del poder, sino su prolongación. Ya no genera respeto, sino sospecha. Hemos pasado de la justicia técnica a la justicia carismática; de la jurisprudencia al storytelling político; del Estado de Derecho al Estado del Dato Duro y la línea bien dictada.
Quien piense que esto es una anécdota, no ha entendido nada. La elección judicial es una advertencia: si la Corte cae, lo que sigue no es el caos, sino algo peor —la normalización del autoritarismo disfrazado de participación. Ya no hará falta un golpe de Estado para desarmar el sistema: bastará con otro proceso electoral cuidadosamente manipulado, otro padrón cansado, otra narrativa de transformación.
Y mientras tanto, ahí seguirán los salones de mármol, las salas de sesiones con sus cuadros solemnes, los discursos sobre independencia judicial… todo perfectamente intacto. Porque en México, hasta el desmantelamiento institucional tiene protocolo, tiene formas, tiene elegancia.
La Corte ya no será observadora del poder. Ahora será parte del decorado.
Y la justicia, una vez más, se queda sin voz.
Pero no se preocupen. Todo es legal.
Porque lo legal —en este país— ya no necesariamente es justo.