El apocalipsis, ese que tanto temen, ha comenzado. No, no me refiero al humo blanco que coronará a un nuevo pontífice en Roma, ni a la sagrada elección de un sucesor para San Pedro. Me refiero al verdadero fin de los tiempos: la elección judicial en México. Sí, ese momento temido por unos, ignorado por otros y profetizado como la gran catástrofe institucional donde hordas de ciudadanos —en su mayoría confundidos, desinformados o francamente hastiados— tendrán en sus manos el poder más temido por cualquier burócrata con ínfulas de eternidad: el voto.
Circulan ya los rumores. Se dice que el poder judicial se va a contaminar. Que la meritocracia morirá aplastada por el peso del populismo. Que aparecerán jueces influencers, tiktokers del derecho, magos del amparo exprés. Se escuchan advertencias apocalípticas: “Los zombies jurídicos se levantarán de sus tumbas administrativas para devorar el cerebro constitucional de la ciudadanía”. Y uno no sabe si está leyendo un boletín del Colegio de Abogados o viendo un capítulo mediocre de The Walking Dead versión COFECE.
Pero más allá del histerismo disfrazado de institucionalidad, lo cierto es que en la boleta hay personas. Seres humanos reales. Abogados, jueces en funciones, perfiles con trayectoria, con decisiones dictadas, con expedientes sobre la mesa. Y eso, aunque incomode a quienes quisieran que los jueces siguieran siendo elegidos por designación divina, es una oportunidad histórica. El cónclave judicial ya empezó. El humo será digital, pero la decisión será humana. Ya no se trata de temerle al apocalipsis. Se trata de construir una judicatura más abierta, más pública, más responsable. No necesitamos santos. Pero sí necesitamos gente que ya sepa lo que es sostener una audiencia donde hay vida en juego.
Porque lo que en realidad incomoda a ciertos sectores no es el supuesto caos, sino el orden que ya no pueden predefinir. Lo que irrita no es la incertidumbre del voto, sino la posibilidad de que emerjan perfiles sólidos sin depender de la aprobación de cúpulas cerradas. Este proceso, con todas sus imperfecciones y con una clara desigualdad frente a los mecanismos que privilegian a políticos de carrera y a quienes operan con recursos y estructuras partidistas, representa una grieta en el monopolio tradicional del poder. Molesta que haya candidaturas que no se prestan al guiño político, que no aceptan el respaldo condicionado de plataformas partidarias ni se alinean a la lógica de los favores mutuos. Y claro, ante eso, resurgen los viejos fantasmas: la “desinstitucionalización”, el “peligro para la autonomía”, el “colapso de la técnica jurídica”. Pero muchas veces —no siempre, pero sí con frecuencia— esas frases solo encubren la molestia de no poder controlar el tablero como antes. Este proceso, lejos de ser una amenaza, confronta al Poder Judicial con algo más exigente: la posibilidad de que su legitimidad se construya de cara a la ciudadanía. Porque los jueces no somos custodios del misterio, sino servidores públicos que resolvemos asuntos reales, con consecuencias reales, para personas reales. Y a veces, lo verdaderamente disruptivo es recordar que la toga no es inmunidad, sino compromiso.
Y claro, no faltará quien grite desde el pasillo del archivo muerto que “la justicia no se vota”. Curiosa frase en un país donde la injusticia sí se reproduce sin freno, y casi siempre desde cargos que nadie eligió, que nadie vigiló y que muy pocos cuestionaron. Porque durante años se ha tolerado —cuando no celebrado— que los nombramientos judiciales se definan entre expedientes administrativos, recomendaciones soterradas y acuerdos políticos disfrazados de técnica. Que se vote un cargo judicial no garantiza calidad, por supuesto. Pero tampoco —ni remotamente— lo garantiza un sistema donde las decisiones suelen concentrarse en espacios cerrados, con criterios opacos y alejados de cualquier forma real de escrutinio público. Y mucho menos lo garantiza el régimen político en funciones, que bajo la bandera de transformación ha replicado las mismas prácticas de control y verticalidad, solo que con discurso nuevo y rostro maquillado.
Lo que garantiza calidad no es el método de acceso, sino lo que sucede después: el examen constante, la evaluación visible, la capacidad de sostener decisiones frente a una ciudadanía que ya no acepta explicaciones en latín ni rituales de solemnidad vacía. No hay fórmula mágica, eso es cierto. Pero si hay algo más riesgoso que el voto, es el blindaje institucional del poder: ese traje de plomo que algunos se han cosido con toga y cintillo para evitar cualquier contacto con el oxígeno democrático.
Quienes dicen que el voto desvirtúa al Poder Judicial no están preocupados por la justicia: están aterrados por la idea de tener que justificarla. En realidad, confiesan —con tono solemne y firma de editorial— que no confían en la gente. Temen que el pueblo elija mal. Que se equivoque. Que confunda el cargo con el servicio. Que no reconozca la investidura. Que no entienda la toga. Que pregunte, que compare, que exija. Como si la dignidad institucional dependiera de la ignorancia del otro. Como si la función jurisdiccional fuera un misterio reservado solo para los iniciados en la orden secreta del Código Comentado. (Y no me refiero al de Pérez Dayán… ese ya no lo compran ni en su propio gabinete.)
Así que no, no es el fin del mundo. Es apenas el inicio de algo que debería haberse hecho desde hace décadas: abrir las puertas del juzgado al escrutinio público. Y frente a esa apertura, no queda espacio para la neutralidad tibia ni para el cinismo elegante del “todos son iguales”. No, no lo son. En la boleta hay personas con experiencia, con resoluciones firmadas, con audiencias a cuestas, con ética probada en la práctica —no en el discurso. Lo que toca ahora no es llorar por la pureza perdida del Poder Judicial, sino impulsar con inteligencia y decisión a quienes ya han demostrado que pueden ejercer el cargo con dignidad, técnica y sentido de justicia
Este proceso no es una elección cualquiera. Es un espejo. Nos obliga a preguntarnos qué tipo de jueces queremos tener… y si estamos dispuestos a hacer algo para que lleguen a esos cargos. Porque la peor forma de perder el poder judicial es no darnos cuenta de que, por primera vez, una parte de ese poder pasa por nuestras manos. El apocalipsis judicial no llega cuando la gente vota. Llega cuando vota sin saber. Y esta vez, saber es elegir bien. Saber es no dejarse espantar por los falsos profetas del orden perdido.
Porque si el apocalipsis empieza con una boleta, que al menos lo sorprenda a uno con el cerebro bien puesto y el juicio afinado. Lo verdaderamente catastrófico no es que la ciudadanía vote por sus jueces; es que no vote por nadie. Que ni siquiera sepa que puede hacerlo. Que prefiera el consuelo pasivo de la crítica estéril desde la comodidad del sofá, mientras repite que “todos son iguales” con la misma convicción con la que no lee ni una propuesta.
El verdadero apocalipsis no viene disfrazado de urnas. Viene con cara de apatía, con discurso abstencionista de cafetería y con esa crítica tan mexicana —tan cómoda— que nunca construye pero siempre se siente superior. Es ese cinismo tibio que prefiere ver el sistema arder antes que ensuciarse las manos eligiendo. Ese comentario que dice “yo no creo en nada” pero se queja cuando todo falla. Ese espectador profesional que convierte su indiferencia en ideología y su desinterés en pureza moral.
Y es precisamente esa actitud —el descrédito automático, la desconfianza vacía, la crítica que no se acompaña de propuesta ni de participación— la que en verdad pone en riesgo al Poder Judicial y al Estado de Derecho. No la elección, no el proceso, no las urnas. Lo que lo amenaza es la comodidad del desinterés, la ironía sin acción, el juicio sin compromiso.
No. El peligro no es que el pueblo elija mal. El peligro es que no elija. Que se quede mirando cómo se reparten el poder quienes sí saben que hay algo en juego. Que el proceso ocurra sin observación, sin exigencia y sin memoria. Porque mientras unos gritan apocalipsis, otros —en silencio— están construyendo algo. Y si no participas, después no te quejes si el juez que te toca no entiende la diferencia entre la ley y el poder.