En este abril de 2025, el Estado mexicano volvió a demostrar que la distancia entre el texto constitucional y la práctica institucional puede medirse en metros cuadrados… específicamente, los del lobby de la Cámara de Diputados. En ese espacio, destinado a la deliberación política, el diputado Hugo Eric Flores Cervantes, integrante de la bancada de Morena, convocó públicamente a la “Marcha para Jesús”, un evento religioso cristiano organizado en plena Semana Santa.
Lejos de ser un acto privado de fe, la convocatoria fue realizada con toda la formalidad de un evento parlamentario: micrófono, medios de comunicación, estructura del Congreso y visibilidad institucional. Todo dentro del recinto legislativo. No en un templo. No en una plaza pública. En el corazón del Poder Legislativo federal.
El hecho no sería jurídicamente relevante si no fuera porque contradice, de manera frontal y sin matices, el principio de laicidad que rige el modelo constitucional mexicano. De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México es una República laica. Esta disposición no es ornamental: representa una garantía estructural de neutralidad del Estado frente a las creencias religiosas, cuyo objetivo es evitar la instrumentalización del poder público por parte de doctrinas particulares, religiosas o morales.
El artículo 24 constitucional, por su parte, garantiza la libertad de creencias y cultos, pero también establece límites claros: dicha libertad no puede ejercerse en forma que implique actos proselitistas o expresiones religiosas dentro de los espacios e instituciones del Estado. El problema aquí no es la fe del legislador, sino su uso del espacio público para promoverla.
Desde una perspectiva de constitucionalismo crítico, lo ocurrido en la Cámara de Diputados revela un síntoma profundo: el vaciamiento del Estado laico como categoría normativa. Cuando se normaliza que actores públicos convoquen a eventos religiosos desde las estructuras del poder, se subvierte la neutralidad institucional que justifica, entre otras cosas, el carácter plural de la democracia constitucional. Laicidad no significa negar lo religioso. Significa impedir que lo religioso capture lo público.
La respuesta política al acto fue, como suele ocurrir, tibia. Ricardo Monreal, también de Morena, expresó un reproche moderado, señalando que ese tipo de convocatorias no deben realizarse desde el Congreso. Pero más allá del gesto simbólico, no se plantearon consecuencias, revisiones reglamentarias o mecanismos de rendición de cuentas. El Estado laico, una vez más, quedó reducido a una consigna sin poder normativo real.
Esto no es un caso aislado. Es parte de un fenómeno estructural donde el populismo político recurre al capital simbólico de lo religioso para reforzar su legitimidad. El resultado es una peligrosa confusión entre moral privada y función pública, donde la fe sustituye a la norma y la liturgia a la ley.
Lo más preocupante no es que el legislador haya utilizado un espacio público para promover una marcha religiosa. Lo verdaderamente alarmante es que —a juzgar por sus declaraciones— parece no saber que eso está expresamente prohibido en la Constitución. Y no hablamos de una cláusula escondida en una ley secundaria. Hablamos del artículo 40. Del núcleo duro del orden republicano. Laicidad no es una sugerencia ni una etiqueta cultural: es una condición de existencia del Estado moderno. Pero parece que, para algunos legisladores, el texto constitucional es como el Apocalipsis: está ahí, nadie lo entiende y solo lo invocan cuando conviene.
El caso de Hugo Eric Flores no es una excepción dentro de Morena. Es apenas uno más en una bancada donde la Constitución se cita como acto de fe, no como norma jurídica. Les basta con decir “libertad” para justificar cualquier despropósito, aunque lo digan en el recinto legislativo mientras al fondo suena música góspel. Que un diputado ignore los principios constitucionales podría ser materia de preocupación. Que lo haga rodeado de aplausos institucionales y sin consecuencia alguna, es prueba de que el Estado laico no está en crisis: está en coma inducido por quienes deberían defenderlo.
Pero la incongruencia no termina en el Congreso. La presidenta de la República, firme en su postura de no acudir al funeral de un jefe de Estado como el papa Francisco —cuando ello ocurra—, ha declarado que su ausencia será por “respeto al Estado laico”. Una postura que en cualquier manual serio de Derecho público sería calificada como confusión elemental entre diplomacia, laicidad y función de Estado. Porque no se trata de rendir culto, sino de actuar con visión institucional. No asistir al sepelio de un jefe de Estado no es defensa del laicismo: es una renuncia a la estatura que exige la diplomacia internacional.
Pero ese es, precisamente, el drama de fondo: no estamos gobernados por estadistas, sino por juglares del constitucionalismo. Personas que invocan la Constitución como se invoca un mantra, sin comprender su estructura, sin distinguir entre sus principios rectores y sus dispositivos operativos, y sin asumir la responsabilidad que implica representarla. Confunden neutralidad con omisión, institucionalidad con capricho, y Estado laico con indiferencia política. En esa mezcla, tan peligrosa como conveniente, el Derecho se vuelve accesorio y la república, un escenario donde lo simbólico suplanta lo normativo. Y ahí, entre cruzadas y ausencias calculadas, la democracia pierde no solo forma, sino fondo.
En INDEBIDO lo decimos con claridad: el Estado laico no es negociable. Es la frontera mínima entre convicciones privadas y decisiones públicas. Quien no entienda esa distinción, no está haciendo política: está haciendo propaganda.