El Congreso de Aguascalientes legisla con bisturí moral: convierte el ruedo en símbolo patrio y la lírica popular en delito. Una advertencia disfrazada de decreto.
El Congreso de Aguascalientes acaba de legislar como quien elige entre sabores de helado: declaró que las corridas de toros y las peleas de gallos son patrimonio cultural, económico y social… y en el mismo acto, prohibió los narcocorridos en eventos públicos y privados, con penas de cárcel incluidas. Es decir, matar un toro es tradición. Cantar lo que vives, delito. La escena no pertenece a una distopía jurídica; es México, abril de 2025.
Esta contradicción no es un descuido. Es un reflejo claro del uso político del derecho. No se está legislando para proteger la cultura ni para garantizar la seguridad pública. Se está legislando para marcar territorio simbólico. Para domesticar la cultura popular. Para imponer, desde el Congreso, una estética del orden. La sangre ritualizada en el ruedo es elevada al rango de símbolo nacional. La lírica cruda del corrido es silenciada bajo el pretexto de la seguridad. El problema, claro, no es la violencia. Es quién la ejerce y cómo se narra.
Lo más grave no es la decisión en sí, sino el desprecio por el marco constitucional. Porque el Congreso local se atribuye facultades que no le corresponden: la declaratoria de patrimonio cultural es competencia federal. Y la censura previa de contenidos artísticos choca directamente con la libertad de expresión. Pero eso poco importa cuando el objetivo no es respetar la Constitución, sino producir espectáculo. Legisladores que se asumen como custodios de la moral, no como operadores de la legalidad.
El derecho, en esta escena, no opera como límite al poder, sino como instrumento de propaganda. Un ropaje institucional para decisiones que, en el fondo, son arbitrarias. Porque si el toro merece protección ceremonial y el corrido merece censura penal, entonces ya no hablamos de derecho, hablamos de preferencias del poder convertidas en norma. Y eso, constitucionalmente hablando, tiene un nombre: regresión autoritaria.
Pero quizás no sea un error. Quizás se legisla así porque funciona. Porque da aplausos. Porque genera likes. Porque ofrece a las mayorías una ficción de orden sin tocar las estructuras reales de la violencia. Y porque la cultura, cuando se vuelve incómoda, es más fácil borrarla que entenderla.
El problema es que cuando el Congreso legisla como si estuviera editando la cartelera de un festival, lo que se pierde no es solo el sentido del derecho, sino el horizonte democrático. Porque entonces cualquier expresión disidente puede ser declarada indeseable. Cualquier manifestación cultural puede ser penalizada. Y cualquier exceso del poder puede justificarse en nombre del “bien común”.
Así que no: no es una simple ley local. Es una advertencia.
Y en este país, las advertencias siempre llegan envueltas en decretos.