Una ley contra la propaganda extranjera presentada reactiva, y como siempre: más útil para el discurso que para otra cosa.
El gobierno mexicano volvió a recurrir a una de sus estrategias favoritas: legislar bajo presión, con urgencia artificial, y con un enemigo conveniente. La excusa fue la transmisión de propaganda antiinmigrante financiada por la campaña presidencial de Donald Trump, que apareció en señal abierta nacional sin que nadie lo notara a tiempo. Cuando se encendieron las alarmas mediáticas, la maquinaria política respondió con una reforma, rápida. sorprendida, y como casi siempre, inútil.
La iniciativa fue presentada ante el Senado el 22 de abril y se votará, como es costumbre, en fast-track. Prohíbe que los concesionarios de radio y televisión transmitan propaganda financiada por gobiernos extranjeros. Con eso, se dice, se “blinda la soberanía informativa”. Pero en realidad no se está blindando nada. Se está cubriendo un error con otro.
Desde 2014, México eliminó los controles regulatorios que antes impedían este tipo de transmisiones. Fue una omisión funcional: convenía al modelo neoliberal de apertura comunicacional, pero resultó ser un caballo de Troya. El Estado permitió durante una década que cualquier actor internacional pudiera contratar espacios sin mayor supervisión. Lo que cambió ahora no fue el modelo. Fue el contenido. Cuando la ideología deja de ser entretenida y comienza a ser incómoda, se vuelve “peligrosa”.
La reforma no solo es tardía, sino que reincorpora a la Secretaría de Gobernación como vigilante de los contenidos mediáticos. Se le devuelven atribuciones que antes fueron limitadas para evitar justamente la censura. Es decir, ante la amenaza de un mensaje incómodo, la respuesta es reinstalar el control ideológico. Esta vez con otro pretexto: protegernos de la injerencia extranjera. Lo que nadie explica es quién va a decidir qué es propaganda, qué es opinión y qué es información.
La propuesta no aborda el problema estructural: la opacidad del sistema de concesiones, la concentración de medios, la venta indiscriminada de espacios, ni la falta de una política nacional de comunicación democrática. Se presenta como solución, pero es solo una simulación. Una manera de lavarse la cara ante la opinión pública sin tocar los intereses de fondo.
Esta reforma entra de lleno a nuestra categoría de leyes inútiles. No por falta de intención, sino por exceso de cinismo. Porque una ley que nace del escándalo, se redacta con urgencia y se aprueba sin diagnóstico, es una norma destinada a fracasar.
El Derecho no debería usarse como pararrayos institucional. Pero cuando se legisla con prisa para corregir la vergüenza, lo que se construye no es un marco legal sólido: es una coartada. Y una coartada, por muy constitucional que suene, no transforma estructuras. Solo simula orden.
En INDEBIDO archivamos esta reforma con el sello de siempre: otra ley que aparenta mucho, pero resuelve poco.